Granja Tres Arroyos, la empresa que supo ser la mayor avícola de la Argentina, cerró sin acuerdo la última instancia de negociación con el gremio y dejó efectivos los 1.250 despidos en sus plantas de Capitán Sarmiento, Esteban Echeverría y Pilar. La definición llegó luego del vencimiento de la conciliación obligatoria que había dictado el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, sin que las partes lograran una salida.
La empresa, que solicitó la apertura de su concurso preventivo hace menos de un mes, ratificó las desvinculaciones que había comunicado a comienzos de septiembre.
Según los datos de la cartera laboral, los ceses alcanzan a 700 trabajadores en Capitán Sarmiento, 500 en Esteban Echeverría y 50 en Pilar. La compañía justificó la decisión en "la necesidad de adecuar la estructura a la actividad efectivamente disponible y preservar la continuidad de la explotación", rechazó las denuncias de vaciamiento y atribuyó parte de sus dificultades financieras a la afectación de fondos y cobranzas vinculadas con obligaciones anteriores a las presentaciones concursales.
Al mismo tiempo, aseguró que mantiene su disposición al diálogo "para evaluar alternativas viables que permitan atender la situación de los trabajadores y sostener la continuidad de la actividad".
En paralelo al vencimiento de la conciliación, el escenario judicial se complejizó. El Juzgado Comercial N° 21 dispuso la indisponibilidad de USD 13,5 millones que la avícola tiene depositados en el Banco de Comercio, en el marco de las denuncias de vaciamiento y las protestas de trabajadores que reclaman cuatro meses de salarios adeudados.
El juez Germán Páez Castañeda advirtió que de la propia solicitud del concurso preventivo surge también la existencia de otro depósito en Eurobanco por casi USD 16 millones. "Deberá aclarar y acreditar el destino y disponibilidad de dichos fondos y explicar de qué modo su existencia se compatibiliza con lo manifestado respecto de las dificultades para atender regularmente las obligaciones laborales", señaló el juez en su resolución, en referencia a dos cuentas de la compañía que totalizan casi USD 30 millones.
El lunes, trabajadores de la avícola se movilizaron ante el Juzgado N° 21 para exigir que el cobro de los cuatro meses de sueldo y el aguinaldo adeudados sean priorizados una vez que se abra el concurso.
La apertura formal del concurso preventivo se demora porque la Cámara aún debe resolver una disputa de competencia entre los juzgados comerciales N° 1 y N° 21. Mientras esa definición está pendiente, el Juzgado Comercial N° 24 decretó la inhibición general de bienes y embargó a Granja Tres Arroyos por $ 605 millones, a raíz de una ejecución iniciada por el banco Credicoop por una deuda de cuenta corriente que la empresa tenía en la sucursal Paternal de esa entidad y que cerró días atrás.
Con los despidos ya efectivos, uno de los principales interrogantes es cuándo podrán percibir los trabajadores las indemnizaciones correspondientes. Fuentes sindicales indicaron que primero deberá definirse qué juzgado tendrá a su cargo los concursos preventivos y luego deberá designarse un síndico, que será quien intervenga en la determinación de los créditos a abonar. Según plantearon a este medio desde el sector gremial, las indemnizaciones se tramitarían bajo el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, que establece el pago de la mitad de lo que correspondería a un despido sin causa cuando existe falta o disminución de trabajo no imputable al empleador.
El conflicto se desató en un contexto de crisis financiera profunda. A mediados de septiembre, el grupo encabezado por Joaquín De Grazia —presidente del directorio e hijo del fundador de la compañía— se presentó formalmente en concurso preventivo junto a las demás sociedades del entramado: Wade, que opera la ex Cresta Roja en Esteban Echeverría; Avex, con su planta en Río Cuarto, Córdoba; y Holding Agro Industrial S.A. (HAISA), la sociedad controlante. En el expediente, la empresa reconoció una deuda que supera los $ 126.000 millones en cheques rechazados y atribuyó su situación al "estrangulamiento del mercado interno", al ingreso de pollo importado desde Brasil, al cierre de mercados externos por el brote de gripe aviar de 2023 y a la suba de costos de energía, logística y mano de obra, según el expediente judicial al que accedió Infobae.
