En los últimos 18 meses, los candidatos de derecha en América Latina han ganado las últimas siete elecciones presidenciales. Ahora, la nación más grande de la región podría estar a pocas semanas de hacer lo mismo.
El domingo, Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro, obtuvo la mayor cantidad de votos en la primera vuelta, lo que lo convierte en el claro favorito para la presidencia cuando se enfrente al presidente Luiz Inácio Lula da Silva a finales de este mes.
Los brasileños también otorgaron a políticos de derecha el control del Congreso y las gobernaciones en todo el país, incluyendo a cuatro nuevos legisladores federales con el apellido Bolsonaro. (Son la esposa del expresidente, dos de sus hijos y su hermano).
La racha ganadora de la derecha ya había facilitado el objetivo del presidente Trump de imponer una mayor influencia estadounidense en América Latina. Pero Brasil, la nación más grande de América Latina en población, superficie y economía, ha sido la pieza clave que le faltaba en su creciente lista de aliados en la región. Eso cambiará si Bolsonaro gana la segunda vuelta el 25 de octubre.
La administración Trump está empeñada en ejercer un control cada vez mayor sobre la región mediante aranceles, sanciones, ataques aéreos, revocación de visas, injerencias electorales, un bloqueo petrolero a Cuba y la captura del líder venezolano.
Se trata de la versión más agresiva del presidente Trump de la Doctrina Monroe, la reivindicación de la primacía estadounidense en América Latina que data de 1823. Y la combinación de la política del Trump con el ascenso de la derecha está generando un cambio fundamental en la región, particularmente en materia de seguridad.
La administración Trump ha convertido en su máxima prioridad en América Latina una nueva guerra contra las drogas. Ha comparado la lucha contra los poderosos cárteles de la región con la guerra contra el terrorismo en Oriente Medio y ha actuado en consecuencia.
El Departamento de Estado ha catalogado a 21 grupos criminales en América Latina como organizaciones terroristas. El Pentágono ha llevado a cabo 71 ataques contra embarcaciones en aguas que rodean Latinoamérica, causando la muerte de casi 240 personas que, según afirmó, eran narcotraficantes. (Muchos expertos legales consideran estos ataques ilegales). El mes pasado, soldados estadounidenses se unieron a una operación policial en Ecuador contra un cártel.
Este es el tipo de cooperación que la administración Trump desea ampliar. Dieciocho naciones latinoamericanas se han sumado a una nueva coalición liderada por Estados Unidos contra los cárteles, y al menos cuatro de ellas —Colombia, Guatemala, Honduras y Ecuador— ya han acordado realizar operaciones militares conjuntas con el Pentágono.
Bolsonaro ha sido un ferviente partidario de Trump durante años, ya que su padre fue uno de sus principales aliados durante su primer mandato. Bolsonaro ya ha declarado que incorporaría a Brasil a la coalición anticárteles, denominada Escudo de las Américas, y que colaboraría con Estados Unidos para combatir a las bandas brasileñas.
El año pasado, en publicaciones en redes sociales, sugirió que vería con buenos ojos la intervención militar estadounidense en Brasil, aunque lo negó en entrevistas recientes, afirmando que la cooperación se limitaría a la inteligencia. Sin embargo, fue Bolsonaro quien logró que Trump designara a dos cárteles brasileños como grupos terroristas.
No es la primera vez que Estados Unidos y Latinoamérica intentan combatir juntos a los cárteles de la droga. Pero el grado de alineación ideológica en la región, así como la disposición del gobierno de Trump a intervenir militarmente, ha convertido este momento en excepcional.
Los expertos en seguridad afirman que la coordinación podría facilitar la labor de inteligencia, especialmente en el rastreo de redes financieras criminales, que han sido un problema persistente para Latinoamérica.
En agosto, el Pentágono anunció un nuevo grupo de trabajo para el hemisferio occidental, diseñado para funcionar como centro de inteligencia y operaciones entre los países aliados. Y el mes pasado, 14 naciones siguieron el ejemplo de Washington y designaron a varios cárteles como organizaciones terroristas.
Los cárteles más grandes son, en la práctica, corporaciones multinacionales que trafican drogas y lavan dinero a través de las fronteras, por lo que estas designaciones podrían permitir a los gobiernos atacar mejor sus finanzas con sanciones.
"Estaban solos", les dijo Trump a sus aliados latinoamericanos en las Naciones Unidas el mes pasado. "Ya no están solos".
Al mismo tiempo, la administración Trump ha dado señales de estar menos dispuesta a ayudar a los gobiernos de izquierda. Ese fue el caso en Colombia antes de que los votantes eligieran a Abelardo De La Espriella, un abogado que ha prometido una postura especialmente dura contra los cárteles. Y como parte de una disputa diplomática más amplia con el gobierno de izquierda de Lula en Brasil, la Casa Blanca ha retenido visas para agentes de la policía federal provenientes de ese país.
México, la otra gran democracia latinoamericana aún gobernada por un gobierno de izquierda, ha ampliado de hecho su cooperación en materia de seguridad con la administración estadounidense, pero la relación entre ambos países es única en la región. (Uruguay, con una población de 3,5 millones de habitantes, es la tercera democracia de izquierda que queda en la región).
Persisten las dudas sobre si la coalición contra los cárteles logrará marcar la diferencia. Los expertos señalan que las operaciones del Pentágono para interceptar embarcaciones apenas han frenado el flujo de cocaína. Además, hay pocos detalles concretos sobre cómo colaborarán realmente los países y qué sucederá con esta iniciativa una vez que Trump deje el poder.
También surgen interrogantes sobre las implicaciones para la soberanía y la ciudadanía de América Latina. El desequilibrio de poder político, económico y militar entre Estados Unidos y cualquier nación latinoamericana es considerable, incluso en el caso de Brasil.
Trump, por ejemplo, intentó intervenir en el proceso penal contra el padre de Bolsonaro —acusado de intentar un golpe de Estado— imponiendo aranceles del 50 % a los productos brasileños. Aunque dicho intento fracasó y Jair Bolsonaro fue condenado, Lula ha advertido desde entonces que América Latina debe preservar su capacidad de autogobierno frente a las presiones de Washington.
Bolsonaro, no obstante, ha sostenido que la amenaza a la soberanía no proviene de Trump, sino de los cárteles. Para combatirlos en Brasil, Bolsonaro ha prometido seguir el ejemplo de Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, cuyas tácticas autoritarias han reducido drásticamente las tasas de criminalidad, aunque también han suscitado denuncias por violaciones de los derechos humanos.
En su país de seis millones de habitantes, Bukele ha encarcelado a decenas de miles de jóvenes sin apenas garantías procesales, recluyendo a muchos de ellos en lo que denomina "megaprisiones". Bolsonaro, quien afirma haber estudiado el enfoque de Bukele, ha propuesto construir cinco cárceles similares; asimismo, ha abogado por reducir la edad de responsabilidad penal a los 16 años y por aplicar la castración química a violadores y agresores de menores.
Cada vez más líderes latinoamericanos elogian el enfoque del señor Bukele y los resultados obtenidos, los cuales han convertido a El Salvador en una de las naciones más seguras de la región. Bukele, quien se ha autodenominado el dictador más "genial" del mundo, es también, según las encuestas, uno de los presidentes más populares del mundo.
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