Seis meses antes de que miles de personas acamparan en la Puerta del Sol de Madrid bajo el lema "Ni una Maricarmen más", una serie catalana ya había puesto en imágenes la crisis de la vivienda en España. Ravalear, creada por Pol Rodríguez y codirigida junto a Isaki Lacuesta, es un thriller familiar y social sobre un fondo de inversión que compra un edificio entero del Raval (de ahí el título) para expulsar a sus vecinos. La ficción se estrenó este año, meses antes de que el desahucio de una mujer de 87 años en Madrid, desalojada de la vivienda que había habitado durante 70 años, encendiera la mecha de una intensa protesta social en marcha.
La coincidencia no es casual, aunque tampoco profética en sentido estricto: es el resultado de una observación atenta sobre un fenómeno que llevaba años gestándose. El showrunner Rodríguez partió de una experiencia familiar directa. Su familia regenteó durante casi un siglo el restaurante Can Lluís, en el corazón del Raval, un local que fue punto de encuentro para vecinos y cineastas como Joaquim Jordà o José Luis Guerín. Hacia 2021, un fondo inversor compró el edificio y, tras años de negociación infructuosa, forzó el cierre del negocio aprovechando la vulnerabilidad económica dejada por la pandemia. La familia perdió el local y hasta la marca, reapropiada después para un restaurante orientado al turismo.
De esa herida personal surge Can Mosques, el restaurante ficticio en torno al cual gira la serie. "Quería explicar al mundo lo que está pasando en Barcelona, y en muchas ciudades del mundo, de la única forma que sé, a través de la cámara, y esta es mi terapia", explicó el creador. La serie no reconstruye el caso real: lo desplaza hacia una pregunta contrafactual, qué pasaría si esa familia decidiera resistir hasta el límite, incluso cruzando fronteras legales y morales.
El mecanismo que describe Ravalear es el mismo que hoy ocupa los titulares españoles: un fondo de inversión adquiere un inmueble, presiona para vaciarlo y convierte el alquiler residencial en un activo financiero desconectado de cualquier función habitacional. El caso de Maricarmen Abascal, documentado por el Sindicato de Inquilinas de Madrid, siguió ese guion casi al pie de la letra: tras un cambio de propietario, el alquiler mensual pasó de 500 a 2.650 euros, luego rebajada a 1.650, hasta terminar en un desalojo que generó la actual protesta, extendida por todo el país.
La puesta en escena de Ravalear apuesta por un hiperrealismo construido con cámara nerviosa y rodaje en localizaciones reales del Raval: patios interiores, calles estrechas, escaleras con décadas de historia. La dirección de fotografía de Takuro Takeuchi da a cada plano una textura física que convierte el barrio en personaje, mientras la mezcla de actores profesionales con vecinos seleccionados mediante street casting —muchos de ellos con el rostro pixelado en pantalla— disuelve los límites entre ficción y vida cotidiana del barrio.
La banda sonora de Eloi Caballé, con elementos tecno que irrumpen en los momentos de mayor carga dramática, imprime al relato el pulso de un thriller urbano. Ese diseño sonoro, ajeno a cualquier folklorismo catalán, opera como señal de que la amenaza sobre el barrio histórico proviene de una lógica financiera abstracta e implacable. El montaje dinámico y los diálogos siempre al borde de la explosión producen, según ElDiario.es, "un thriller vibrante, febril y frenético" que mantiene al espectador en un estado de alerta constante.
La serie elige el Raval no como telón de fondo decorativo, sino como objeto de estudio. El director Isaki Lacuesta ha descripto el fenómeno como una sucesión de "abusos de poder, expropiaciones, crímenes de guante blanco y negro a la vez", una fórmula que condensa la doble violencia que atraviesa el barrio: la degradación asociada a los llamados "narcopisos" y, simultáneamente, la presión financiera que convierte fincas enteras en viviendas para uso turístico. Los títulos de los seis episodios funcionan como una cartografía estadística del barrio, "1 km2 de superficie", "70 narcopisos", "260 asociaciones", y sitúan el drama familiar dentro de un entramado urbano verificable.
Uno de los hallazgos de la serie es su tratamiento de la "okupación", tema que en el debate público español suele reducirse a titulares alarmistas. En Ravalear, es Marta, interpretada por María Rodríguez Soto, quien concibe la estrategia de instalar okupas en los pisos vacíos del edificio como herramienta de presión contra el fondo buitre. La crítica calificó la serie como "profundamente conocedora y nada maniquea", lejos de cualquier simplificación. El centro emocional de la serie recae en Àlex, interpretado por Enric Auquer, un hijo que negocia con el agente inmobiliario del fondo y descubre que ha sido engañado: en lugar de vender el local a la familia, el fondo compra el edificio entero. Su deriva hacia acciones cada vez más arriesgadas plantea una pregunta que la serie no resuelve de forma esquemática, hasta dónde está dispuesto a llegar alguien que se siente David frente a un Goliat financiero.
Esa misma pregunta atraviesa hoy las calles españolas. Pablo Fernández, portavoz del Sindicato de Inquilinas, reclamó públicamente "la expropiación de viviendas a los fondos buitre para ponerlas en alquiler social", una demanda que convierte en reivindicación política lo que en la serie aparece como resolución dramática. El villano de Ravalear, el agente inmobiliario Cristòbal, interpretado por Sergi López, no es un personaje caricaturesco sino la cara humana de una estructura financiera que opera con contratos, plazos y resquicios legales.
Ravalear se convirtió en la primera serie española en formar parte de la sección oficial del Festival Internacional de Cine de Berlín, un reconocimiento que la sitúa en un terreno poco habitual para una producción de plataforma. Esa legitimación artística coincidió con un momento en que el problema que retrata dejó de ser materia de ficción para ocupar la agenda política y social en España. La serie no predijo este estallido social, pero fue capaz de observar con suficiente antelación un proceso que ya era visible para quien quisiera mirarlo: la conversión de la vivienda en activo financiero, la expulsión sistemática de inquilinos y comercios históricos, y la pregunta, cada vez menos teórica, sobre qué está dispuesta a hacer una sociedad cuando el mercado decide quién tiene derecho a quedarse en su barrio.
