La pandemia del coronavirus cambió en parte el negocio del sexo. En el pico del aislamiento obligatorio, trabajadoras sexuales y hoteles alojamiento protestaban por el cierre de sus actividades. OnlyFans, Cafecito y otras plataformas se convertían en nuevas fronteras del hecho de pagar por el placer. Pero, aún con toda esa muerte en el aire, algunas cosas en el centro porteño seguían como siempre.
Haydée Dolores García Acosta, hoy de 66 años, fue condenada la semana pasada por el Tribunal N°5 porteño, seis años después del comienzo de la causa en su contra. La jueza Cinthia Oberlander le dio cuatro años de prisión por ser "autora penalmente responsable del delito de explotación económica del ejercicio de la prostitución ajena", de acuerdo al fallo al que accedió Infobae. La pena fue acordada entre la fiscal acusadora y la defensa de la imputada.
Haydee, uruguaya, jubilada, monotributista con el pago al día, fue acusada de regentear un aparentemente próspero complejo de burdeles en un edificio la calle Teniente General Perón al 1800, a pocas cuadras del Congreso, donde controlaba tres típicos departamentos privados del centro porteño, con media docena de escorts. Todo, en medio del peor momento del COVID.
La División Trata de Personas de la Policía Federal la capturó en marzo de 2021, meses después del comienzo de la causa en su contra, iniciada por una denuncia anónima radicada el 5 de junio de 2020. El denunciante se quejaba de que los presuntos clientes "no respetan la cuarentena establecida". "La gente entra y sale todo el tiempo", se quejó. Pero el perfil de la jubilada detenida estaba lejos del de una típica madama, echada en una silla mientras cuenta plata de mujeres explotadas. Haydée era, básicamente, una community manager.
Según la acusación en su contra, Haydée Dolores "organizaba los encuentros sexuales con los clientes, a través de publicaciones en la web y mediante comunicaciones telefónicas con varias líneas y presentaba a las partes, fijaba los precios, coordinaba los turnos, cumplía las exigencias sexuales de los clientes, concretaba las citas y cobraba un porcentaje de dinero por ello", asegura la condena del caso, firmada por la jueza Cinthia Oberlander.
Seis policías declararon en su contra, luego de la redada en el edificio de Teniente General Perón, donde la Federal se llevó cuatro teléfonos y sus libros de anotaciones. La PROTEX -el área de la Procuración que investiga delitos de trata- elaboró un informe que fue incorporado al expediente. Un agente encubierto también declaró: aseguró que fue a tocar timbre para ver dónde estaban las prostitutas en Congreso, y que Haydée misma lo atendió.
Ante el policía, Haydée dijo, medio cándida, que "a raíz de la pandemia, las mujeres no concurrían allí de manera regular, sino únicamente cuando algún cliente había concertado previamente un turno". La sospecha de los investigadores era que la jubilada regenteba ese complejo de bulos hace quince años. La jueza Oberlander consideró atenuantes; recordó que la mujer no terminó el secundario, que incluso cuidaba a un familiar. El plantel de escorts y todos los años en el rubro, sin embargo, le jugaron a la condenada en su contra.
Los chats en un teléfono con varios presuntos clientes no la ayudaron tampoco. Le aseguraba a uno de ellos que, si fuera por ella, tendría a dos mujeres que supuestamente explotaba "atadas acá". Luego, se quejaba del cierre de un comercio cercano, de donde provenía buena parte de su cliente. Elogiaba, por otra parte, a "un viejo" que iba "tres veces por semana". En uno de los tres departamentos -que, curiosamente, figura como el domicilio fiscal de Haydée- se encontraron juguetes sexuales y preservativos usados.
La mujer condenada, por lo visto, espera ir a la cárcel. Ya había pasado casi un año detenida, entre diciembre de 2020 y octubre de 2022. Pero todavía atiende el teléfono. Infobae la contactó días atrás."Es una causa armada", dijo.
-¿Por quién?
-Así como hay gente buena, hay gente hija de puta. Se armó y se agregaron cosas que jamás existieron. ¡Listo, hasta acá llego, chauuuu!
