Una estudiante de quinto grado de un colegio privado de Villa Cubas, barrio ubicado en la capital de Catamarca, recibió una descarga eléctrica dentro del aula. Todo ocurrió luego de que rozara, de manera accidental, un cable que presuntamente se encontraba en mal estado.
Después del incidente, la menor fue asistida por una ambulancia y se encontraba bien tras el episodio. No obstante, indicaron que el hecho ocurrió el día en que la nena cumplía años, una situación que generó preocupación entre sus familiares y en la comunidad educativa.
Tras retirarse los servicios de emergencia, el personal policial intervino en el establecimiento. En este contexto, la madre de la alumna radicó una denuncia en la Unidad Judicial N°5. La presentación busca que se determinen las circunstancias en las que se produjo la descarga y el estado de las instalaciones eléctricas del colegio.
De acuerdo con la información obtenida por El Esquiú, el cable con el que habría tenido contacto la estudiante presentaba deterioros. Sin embargo, ese punto deberá ser corroborado en el marco de la investigación.
En línea con el reclamo, la familia manifestó que el colegio no contaría con un disyuntor eléctrico, un elemento destinado a interrumpir el suministro ante fallas o fugas de corriente. Esa versión también deberá ser verificada por las autoridades.
De esta manera, la causa deberá establecer si la instalación cumplía con las condiciones de seguridad requeridas, si el cable estaba dañado y si existieron responsabilidades vinculadas con el mantenimiento del establecimiento. Aunque la nena no habría sufrido lesiones de gravedad, el caso derivó en una investigación sobre las medidas de protección del colegio.
Una ex alumna de una escuela secundaria pública del oeste del Gran Buenos Aires deberá ser indemnizada luego de sufrir quemaduras durante un experimento de química realizado en clase. La Justicia responsabilizó a la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense y a la docente a cargo por el accidente ocurrido en 2017.
El fallo del Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1 de Morón estableció reparaciones por incapacidad psíquica, tratamiento psicológico, daño moral y gastos médicos. También alcanzó a la aseguradora, aunque dentro de los límites previstos en la póliza.
La entonces estudiante, de 17 años, participaba el 10 de julio de 2017 de una experiencia conocida como "serpiente negra". La práctica consistía en elaborar pastillas con bicarbonato de sodio, azúcar y alcohol para provocar una reacción de combustión sobre una bandeja metálica con arena.
Según el expediente, la docente volvió a rociar con alcohol los materiales que permanecían encendidos, después de que el resultado esperado no se produjera. Fue así que la combustión alcanzó a la alumna y a otro estudiante que se encontraban frente a la mesada.
A raíz de esto, la joven sufrió quemaduras en el rostro y la cabeza, mientras que su compañero resultó lesionado en la cara y el pecho. La demanda sostuvo, además, que el laboratorio no disponía de matafuegos, mantas ignífugas, botiquín ni elementos de protección adecuados para los alumnos.
Además, las pericias médicas determinaron que la joven no tenía secuelas físicas permanentes ni incapacidad física derivada de las quemaduras. No obstante, una evaluación psicológica fijó una incapacidad psíquica leve del 10% y recomendó un tratamiento terapéutico.
Por su parte, la provincia alegó que el episodio había sido un caso fortuito y que no podía establecerse un vínculo entre la organización escolar y los daños. Sin embargo, el tribunal rechazó esa postura al considerar que el uso de elementos inflamables en una práctica escolar implicaba un riesgo que debía prevenirse.
De esta manera, la resolución remarcó que el establecimiento tenía el deber de extremar las medidas de seguridad y concluyó que la falta de recaudos configuró un incumplimiento del deber de cuidado. También atribuyó responsabilidad a la profesora por no adoptar las protecciones necesarias durante la actividad.
En cambio, la vicedirectora de la institución quedó fuera de la condena porque no se acreditó una omisión directa de sus funciones vinculada con el accidente. No obstante, las demandadas y la aseguradora deberán afrontar las costas del proceso.
Finalmente, la sentencia otorgó una indemnización de $ 4.000.000 por incapacidad psíquica, $ 1.162.200 para tratamiento psicológico futuro, $ 2.000.000 por daño moral y $ 100.000 por gastos médicos y traslados. A esos montos se les sumarán intereses y una actualización basada en el Índice de Precios al Consumidor, mientras que el pago deberá efectuarse dentro de los 60 días posteriores a que quede firme la liquidación judicial.
