El Gobierno activó un plan federal de emergencia ante la llegada del fenómeno El Niño que, según las proyecciones oficiales, se extenderá hasta mediados de 2027 con una intensidad alta y riesgo de precipitaciones superiores a las habituales durante la primavera y el verano austral. El vocero presidencial, Adrián Ravier, detalló este martes las medidas de prevención, monitoreo y respuesta que el Estado ya coordina tanto con las provincias como con los municipios para anticipar los posibles efectos sobre la población, la infraestructura y los servicios esenciales.
Las previsiones apuntan a un mayor riesgo de lluvias por encima de lo habitual, sobre todo en el noreste argentino, la Cuenca del Plata y Cuyo. Frente a ese escenario, el Gobierno puso en marcha un esquema de trabajo articulado entre organismos nacionales, fuerzas de seguridad, Fuerzas Armadas y autoridades locales, con foco en tres ejes: anticipar los eventos antes de que ocurran, responder con rapidez cuando se produzcan y prevenir daños materiales.
En materia de monitoreo temprano, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) tendrá capacidad de emitir alertas con hasta tres días de antelación respecto de cada evento climático, respaldado por la red de radares más amplia que tuvo el país durante un episodio de El Niño.
Por su parte, el Instituto Nacional del Agua (INA) realizará el seguimiento hidrológico en tiempo real de los niveles de los ríos de la Cuenca del Plata, con proyecciones que incluyen la anticipación de crecidas, la altura de los cauces y el comportamiento de cuencas críticas a través de sus sistemas de alerta e hidroobservatorios. "Esto permite anticipar crecidas, altura de cauces y comportamiento de cuencas críticas a través de sus sistemas de alerta e hidroobservatorios", explicó Ravier durante la conferencia de prensa.
La Agencia Federal de Emergencias (AFE) activó el Plan de Coordinación Federal ENOS 2026/2027, que estará operativo hasta el segundo semestre de 2027, según la evolución de las condiciones meteorológicas. El dispositivo abarca inicialmente las provincias de Corrientes, Misiones, Formosa, Chaco, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires, aunque puede extenderse a otras jurisdicciones si el fenómeno lo requiere. La AFE ya comenzó la coordinación con cada provincia desde julio.
Entre las medidas previstas figuran el monitoreo georreferenciado de la situación, la activación de alertas tempranas ante crecidas o fenómenos meteorológicos graves y un esquema específico de telecomunicaciones para garantizar las comunicaciones durante las emergencias. Si el evento supera las capacidades provinciales, el plan contempla un escalamiento progresivo de recursos nacionales, con la intervención coordinada de fuerzas federales, equipos sanitarios, Vialidad Nacional, organismos de Defensa y Fuerzas Armadas.
En lo que hace a la respuesta operativa, Gendarmería, Prefectura y Policía Federal cuentan con brigadas de rescate listas para intervenir. Si las provincias lo necesitan, las Fuerzas Armadas se sumarán a los operativos de protección civil para brindar asistencia sanitaria, alimentación y alojamiento a las familias afectadas. Además, la Armada dispondrá de un buque multipropósito y una lancha patrullera en el puerto de Corrientes para acercar asistencia a las zonas que lo requieran.
El Ejército Argentino, por su parte, intensificó el alistamiento de sus unidades en todo el territorio nacional para dar una respuesta organizada ante la diversidad de escenarios posibles: inundaciones en el Litoral, nevadas en la Patagonia y la Cordillera, y tormentas en la región pampeana. Ante cada uno de esos contextos, la fuerza configura una respuesta diferenciada: para las inundaciones, dispone de medios de transporte y evacuación fluviales y anfibios; frente a incendios forestales, despliega personal especializado en combate del fuego y apoyo logístico; y ante nevadas, sus unidades de montaña están adiestradas para operar con bajas temperaturas y terrenos de difícil acceso. En todos los casos, grupos de búsqueda y salvamento y capacidades de evaluación de daños completan el esquema.
El Ejército también participa activamente en los comités operativos de emergencias convocados por autoridades locales, integra mesas de trabajo interagenciales y brinda charlas informativas sobre medidas de prevención. Esta presencia anticipatoria permite construir protocolos de actuación antes de que la emergencia se concrete, según el comunicado oficial de la fuerza. Como parte de ese trabajo, se realizó recientemente un ejercicio en la ciudad de Córdoba donde se recreó un escenario de tormenta con desborde del río Suquía.
En el frente de la prevención de daños materiales, Vialidad Nacional trabaja en la limpieza de desagües y la protección de puentes en rutas de nueve provincias. A su vez, el Ministerio de Salud coordina el acceso a repelentes contra el dengue y vacunas para situaciones de inundación o cortes de suministro eléctrico, dos consecuencias habituales de episodios de este tipo.
El Gobierno toma como antecedente más reciente el evento de 2015-2016, que afectó casi 700.000 kilómetros cuadrados y a unos 10 millones de personas. Desde entonces, el Estado nacional no había activado un dispositivo de esta escala. El fenómeno actual podría manifestarse con inundaciones en el Litoral, nevadas en la Patagonia y la Cordillera, y tormentas en la región pampeana, con una intensidad que las autoridades prevén alta y efectos que se extenderán al menos hasta mediados del año próximo.
En Misiones, donde el Parque Nacional Iguazú es uno de los destinos turísticos más visitados del país, las autoridades retiraron hace más de un mes las pasarelas que conducen a la Garganta del Diablo debido a la fuerte crecida del caudal, una señal concreta del impacto que el fenómeno ya registra en el territorio.
