La hiperactividad de la Justicia paraguaya contrasta con el ritmo cansino de las causas contra Kueider en la Argentina.
En nuestro país hay dos investigaciones paralelas. Una en el Juzgado Federal de San Isidro y otra en la justicia ordinaria de Concordia. La Corte resolvió la semana pasada que ambas deberán continuar hasta llegar a un punto de superposición.
En el expediente de San Isidro, que llevan la jueza Sandra Arroyo Salgado y el fiscal Fernando Domínguez, hubo avances hasta principios de año.
Por el contrario, en la del Juzgado de Garantías de Concordia no se produjeron movimientos significativos desde hace más de un año.
En lo formal, la Justicia no puede avanzar con la imputación ni la indagatoria contra el exlegislador hasta que sea extraditado. Sí está definido que ni bien pase la frontera será llevado a una celda.
Quien solicitó a Paraguay la extradición de Kueider fue Arroyo Salgado. El vecino país recurrió a un "aplazamiento de entrega". Esto significa que el exlegislador deberá terminar de rendir cuentas a la Justicia paraguaya antes de ser remitido a la Argentina. En Asunción, Kueider tiene una condena por tentativa de contrabando que fue apelada. Y un proceso recién abierto por lavado de activos. Hasta que no se cierren, permanecerá allá.
En la Justicia Federal aseguraron a Infobae que el exsenador no puede ser indagado a distancia vía videoconferencia, por ejemplo. "Los tratados no lo prevén. Sin reglas claras, el acto podría ser anulado. Además, hay un riesgo mayor: si se lo indaga a distancia, Paraguay podría dar por cumplido el objetivo de la extradición y cerrar esa puerta para siempre. A eso se suma que la jurisprudencia argentina es casi unánime: un juez no puede dialogar procesalmente con un prófugo", explicaron.
Los Tribunales de San Isidro rechazaron dos pedidos de eximición de prisión presentados por los abogados de Kueider. La Cámara ratificó las decisiones en ambas oportunidades. Esto implica que "en cuanto pise suelo argentino quedará detenido", adelantaron en la Justicia Federal de San Martín. El destino podría ser la cárcel de Ezeiza. Allí fueron a parar otros imputados vinculados a la investigación.
La causa contra los presuntos cómplices de Kueider fue elevada a juicio por el Juzgado de San Isidro hace seis meses. Hasta allí llegó.
Fuentes de la Justicia Federal indicaron a Infobae que, por sorteo, el expediente recayó en marzo en el Tribunal Oral Federal 5. Seis meses después no se produjo otra novedad. No hubo avances. Ni tampoco se fijó fecha para las audiencias.
Las acusaciones alcanzan a socios y colaboradores cercanos del ex legislador por Entre Ríos. Los principales son Daniel González, alias "Gonzalito" o "Pajarito", y su primo, Javier Rubel. Ambos fueron integrantes de Betail SA, una empresa "fachada" para la Justicia con la que se compraron departamentos en un edificio de lujo de la capital entrerriana.
En un segundo escalón están el contador de Kueider José Carlos Noguera y su esposa, Gabriela Saint Pierre. También la empleada del estudio contable Débora Ferreyra. A ellos se suma Adriana Crucitta, pareja de González.
Asimismo, la acusación irá contra cinco sociedades. Se trata de Lectus SA, Felsir Biotecnológica SRL, Vijusa SA, Nopor Service SA y Vía SNP Logística.
El TOF 5 estuvo integrado, hasta junio, por la jueza Maria Claudia Morgese Martin y dos subrogantes: Silvina Mayorga y Walter Venditti. A mitad de año, ingresaron como titulares en reemplazo de estos últimos Javier Matías Arzubi Calvo y Juan Manuel Gaset Maisonave.
En los pasillos de los Tribunales de San Martín se comenta que Arzubi Calvo pidió copias simples de la causa Securitas, expediente de donde se desprendió parte de la investigación sobre el exsenador en esa jurisdicción. El caso analiza el presunto pago de sobornos que la empresa de seguridad habría hecho a entes públicos. En la lista figura Enersa, la estatal eléctrica entrerriana. Kueider representó las acciones del Estado en la firma cuando fue secretario General de la Gobernación (2015/2019).
En la sede judicial federal de calle Ballester se menciona que la intención de Arzubi Calvo es evaluar de oficio si a esa jurisdicción le corresponde o no la competencia en el caso Securitas. Cabe destacar que dos instancias superiores, las Cámaras de Apelaciones de San Martín y la de Casación Penal, ratificaron la competencia del Tribunal de Arroyo Salgado tanto en este expediente como en la investigación sobre Kueider.
En el transcurso de dos años, los Tribunales de Asunción condenaron al exsenador y a su pareja, Iara Guinsel, por tentativa de contrabando. A él le impusieron una pena de dos años y a ella de uno y 10 meses.
En esa misma causa, le incautaron los USD 200 mil con los que quiso pasar la frontera y la Chevrolet Trailblazer en la que circulaba. El dinero ya está en una cuenta del Estado paraguaya. El vehículo saldrá a remate antes de fin de año. El producido de la subasta también irá a las arcas del Gobierno.
Por otro lado, le abrieron una investigación por lavado de activos. A raíz de esto, le embargaron seis departamentos y sus cocheras en un edificio de lujo de Asunción. Por orden de la Fiscalía, se están revisando los teléfonos y dispositivos electrónicos que le secuestraron a él, Guinsel y dos presuntos testaferros. De allí podrían surgir derivaciones que compliquen aún más al ex representante de Entre Ríos en el Congreso.
