Milton Espeche tiene 38 años, trabaja en el Hospital Cullen de Santa Fe como empleado de planta permanente desde hace más de una década y, según él mismo admitió, caza patos para comer y para llegar a fin de mes. Lo que no preveía era que las fotos y videos que subía con regularidad a sus redes sociales terminarían en manos de una organización ambientalista, que daría inicio a una cadena de denuncias que hoy lo tiene con una causa penal abierta y la amenaza de la multa máxima que contempla la normativa de fauna silvestre de la provincia.
El caso tomó estado público cuando el Centro para el Estudio y Defensa de Aves Silvestres (Ceydas), organización de Entre Ríos, expuso en sus plataformas el material que Espeche había compartido durante varios meses en Instagram y Facebook. Las imágenes, tomadas en la costa este de la Laguna Setúbal, frente a la costanera santafesina, mostraban aves muertas de al menos diez especies distintas, varias de ellas protegidas por ley. Lo que Ceydas describió como una práctica sistemática y sin ningún tipo de control derivó, días después, en una denuncia penal presentada por el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA).
La particularidad geográfica del caso no pasó inadvertida: Espeche cazaba en un sector ubicado a metros del propio Ministerio de Ambiente provincial, organismo que terminó siendo el encargado de iniciar las acciones legales en su contra. En el departamento La Capital, donde ocurrieron los hechos, la caza de cualquier tipo de especie está vedada durante todo el año.
Según precisó Ceydas, las publicaciones del influencer incluían ejemplares de pato picazo, sirirí pampa, sirirí colorado, pato capuchino, pato gargantilla, pato overo, pato cutirí, pato cuchara y pato de collar. La organización aclaró que, si bien el picazo y los siriríes están contemplados por la normativa provincial bajo ciertas condiciones, todas las demás especies identificadas están protegidas y su caza está expresamente prohibida. Entre las publicaciones más antiguas, además, figuraba el pato crestudo, una especie categorizada como amenazada a nivel nacional y cuya captura está prohibida en todo el territorio argentino.
Las irregularidades no se limitaban a las especies cazadas. Ceydas también señaló que Espeche operaba fuera de la temporada habilitada, en una zona de veda, y que excedía los cupos permitidos. A eso se sumaba el uso de armas de repetición y armas PCP, consideradas artes prohibidas para este tipo de actividad. Tras la viralización del caso, sus cuentas en redes sociales pasaron a modo privado, según informó la organización.
El Ministerio de Ambiente confirmó que Espeche es personal de planta permanente del Hospital Cullen, aunque no integra el cuerpo médico de la institución. Además, al momento de los hechos, carecía de carnet habilitante para la caza deportiva, un requisito exigido por la legislación provincial. Para complementar sus ingresos, según reconoció él mismo, también realiza trabajos de jardinería y otras changas.
Frente al caudal de repercusiones, Espeche decidió dar la cara. Publicó un video en sus redes en el que salió a rebatir las acusaciones más duras. "No soy ningún asesino, no estoy en contra de nadie", afirmó. Luego explicó los motivos que, según él, lo llevaban a practicar la actividad: "Cazo pato para el consumo, para llegar a fin de mes porque la economía no está bien", sostuvo. En esa misma línea, contó que en ocasiones repartió lo cazado entre otras familias con dificultades.
Uno de los puntos sobre los que Espeche hizo mayor énfasis fue el volumen de animales que aparecía en sus publicaciones. Rechazó de plano las versiones que circulaban en redes: "No mato ni 500 ni 600 patos. Están equivocados. Solo agarro lo justo y necesario para comer, vender y pagar las cuentas", declaró. Consultado sobre los cupos que manejaba, precisó: "Yo por ahí agarro 15, 20, no más. Lo justo y necesario para comerlo o, ya digo, vender, llegar un poquito a fin de mes, pagar un par de cuentitas. He cazado patos para llevar comida a otras familias. Pido disculpas si los ofendí, si alguien se sintió ofendido".
Desde el Ministerio de Ambiente, que conduce Enrique Estévez, subrayaron que la necesidad económica no opera como justificación ante la ley: "No es justificación cometer un delito para llevar comida a su casa", remarcaron. La cartera formalizó la denuncia ante el MPA apuntando a múltiples infracciones: caza de especies prohibidas o amenazadas, actividad sin la licencia correspondiente, operación en zonas y departamentos no autorizados, uso de procedimientos antideportivos, e incumplimiento de cupos y vedas estacionales.
Por la acumulación de faltas a la Ley Provincial N.º 4.830 de Protección de Fauna, el Ministerio impulsó la aplicación de la multa máxima prevista por la normativa, que ronda los $ 3,5 millones. La causa penal tramita en paralelo en el MPA.
Espeche confirmó que ya tuvo contacto con la Justicia y que no piensa eludir el proceso. "Ya me llamó la Justicia, estoy a disposición para que se queden tranquilos, que afronto las consecuencias", afirmó.
El Ministerio de Ambiente recordó que cualquier hecho vinculado a la caza furtiva, el tráfico o el maltrato de fauna silvestre puede denunciarse a través del 911 o mediante los canales oficiales del organismo, y destacó que la participación de la ciudadanía resulta clave para la efectividad de los controles.
