El Gobierno nacional autorizó la venta de las participaciones de Energía Argentina S.A. en tres centrales termoeléctricas, como parte del proceso de privatización de la empresa estatal previsto en la Ley de Bases. La medida alcanza a las sociedades Termoeléctrica Manuel Belgrano S.A., Termoeléctrica José de San Martín S.A. y, en una etapa posterior, Central Termoeléctrica Guillermo Brown S.A.
La operación se realizará a través de licitaciones públicas con alcance nacional e internacional. En los dos primeros casos, el Estado pondrá a la venta las acciones que actualmente posee por medio de Energía Argentina S.A. (Enarsa), mientras que la participación en la central Guillermo Brown será ofrecida luego de que se complete la liquidación del fideicomiso vinculado a esa planta y Enarsa incorpore formalmente las acciones a su patrimonio.
De acuerdo con lo dispuesto por el decreto 1107/2026, publicado hoy en el Boletín Oficial, establece que el Ministerio de Economía, junto con la Unidad Ejecutora Especial Temporaria Agencia de Transformación de Empresas Públicas, deberá instrumentar los procedimientos. La decisión forma parte de la privatización total de Enarsa, autorizada en 2025, y avanza sobre activos del sector de generación eléctrica.
La venta aprobada contempla la totalidad de las tenencias accionarias de Energía Argentina S.A. en las centrales Termoeléctrica Manuel Belgrano y Termoeléctrica José de San Martín.
En el caso de Termoeléctrica Manuel Belgrano S.A. (TMB), Enarsa posee 4.601.324 acciones, equivalentes al 65,01 % del capital social. Para Termoeléctrica José de San Martín S.A. (TSM), la participación estatal asciende a 4.871.709 acciones, que representan el 68,83 % del capital accionario.
El capital restante de ambas compañías continúa en manos de agentes generadores del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) que participaron en el Fondo para Inversiones Necesarias que Permitan Incrementar la Oferta de Energía Eléctrica en el Mercado Eléctrico Mayorista, conocido como Foninvemem.
Las dos sociedades fueron constituidas el 13 de diciembre de 2005, en el contexto de una política de expansión de la generación eléctrica impulsada con acreencias de empresas del MEM. El esquema contempló la construcción de dos centrales de ciclo combinado de al menos 800 megavatios cada una.
Para administrar la financiación de esos proyectos, en abril de 2006 se firmaron los fideicomisos de las centrales Manuel Belgrano y Timbúes, esta última correspondiente a la sociedad Termoeléctrica José de San Martín. Los contratos preveían la administración de los recursos hasta la habilitación comercial de las plantas y el recupero de las inversiones a través de los contratos de abastecimiento con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (CAMMESA).
El 1 de junio de 2026 se firmaron los convenios de extinción y transferencia de los fideicomisos asociados a las dos centrales. A partir de esos acuerdos, se inició el traspaso de los activos fideicomitidos a las sociedades beneficiarias: TMB y TSM.
La participación estatal en ambas empresas había sido asignada a la entonces Integración Energética Argentina S.A. en 2021. Esa compañía es la actual Energía Argentina S.A., entidad incluida entre las firmas estatales sujetas a privatización por el artículo 7 de la Ley 27.742.
La disposición publicada autoriza al Ministerio de Economía a vender los paquetes accionarios de TMB y TSM mediante el mecanismo previsto en la Ley 23.696 de Reforma del Estado. El procedimiento elegido será una licitación pública nacional e internacional, sin que el decreto precise todavía fechas para la convocatoria, condiciones económicas ni requisitos para los potenciales oferentes.
La operación sobre Central Termoeléctrica Guillermo Brown S.A. (CTGB) tendrá un cronograma diferente. Enarsa aún no posee de manera directa las acciones que planea vender, ya que su ingreso como accionista depende de la extinción del fideicomiso creado para la construcción, operación y mantenimiento de esa central.
Según los antecedentes incluidos en la medida, la participación de Enarsa en CTGB deberá determinarse según los aportes realizados por el Estado nacional para construir la planta. La adenda firmada en 2012 fijó que esa porción no podía ser inferior al 70 % del capital accionario.
El fideicomiso de la central Guillermo Brown vence el 30 de septiembre de 2026, conforme a una adenda suscripta el 9 de abril de este año. Tras la finalización del contrato de abastecimiento del Mercado Eléctrico Mayorista, la sociedad gerente tendrá un plazo de 90 días para realizar los actos societarios necesarios e incorporar a Enarsa como accionista.
Recién después de esa incorporación, el Ministerio de Economía podrá convocar a la licitación para vender las acciones. La Secretaría de Energía deberá intervenir, a través de los órganos societarios de CTGB, para gestionar la liquidación del fideicomiso y la suscripción de las acciones a nombre de Enarsa.
El Palacio Nacional de las Artes (Palais de Glace), uno de los inmuebles culturales declarados Monumento Histórico Nacional en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, será sometido a un proceso de concesión orientado a su restauración, administración y sostenibilidad económica.
El Decreto 1106/2026, publicado hoy en el Boletín Oficial, la medida prevé una licitación pública nacional e internacional para seleccionar al futuro operador del edificio.
El alcance del proyecto incluye la puesta en valor, reparación, conservación, mantenimiento y prestación de servicios en la sede ubicada en Posadas 1725, con referencia también en Avenida del Libertador 1248. El esquema habilita actividades complementarias o accesorias, siempre que resulten compatibles con el carácter cultural del inmueble.
La convocatoria deberá realizarse dentro de los 12 meses posteriores a la entrada en vigencia del decreto. El procedimiento quedará bajo la órbita del Ministerio de Economía, mediante la Secretaría de Obras Públicas, que contará con asistencia técnica de la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos.
La iniciativa define a la concesión como una herramienta para recuperar la integridad material del edificio, actualizar sus condiciones funcionales y fortalecer su operación. Según los fundamentos de la norma, las actividades comerciales y los servicios que pueda incorporar el concesionario tendrán un carácter instrumental: deberán aportar recursos para financiar las tareas de conservación y garantizar la continuidad de la función cultural del espacio.
El texto establece que las futuras explotaciones deberán ser "estrictamente compatibles con el carácter cultural" del Palacio Nacional de las Artes. Esa condición limita el tipo de propuestas que podrán formar parte del contrato y deberá ser considerada durante la preparación de los pliegos y la evaluación de las ofertas.
Además de las intervenciones de restauración arquitectónica, el proyecto contempla la administración cotidiana, el mantenimiento, la conservación y la eventual ampliación del inmueble. La norma no precisa, sin embargo, qué obras concretas se realizarán, cuál será el presupuesto previsto ni qué plazo tendrá la concesión.
