Un nuevo nombre se suma a la saga de jueces y magistrados que entienden en juicios contra la Argentina en tribunales extranjeros: la jueza Jia Cobb, de Washington DC, la capital de Estados Unidos, autorizó al Titan Consortium, un fondo buitre que demandó a la Argentina por la expropiación, en 2008, de Aerolíneas Argentinas, a iniciar el procedimiento de embargos judiciales hasta recuperar todo o parte de su reclamo, de un total de USD 390,9 millones.
El avance de las medidas judiciales había sido informado por Infobae en mayor pasado. Tras la certificación de un fallo favorable a Titan en el Ciadi, un tribunal de resolución de diferendos que funciona en el ámbito del Banco Mundial, el fondo buitre podría iniciar ahora el proceso de embargo de activos del estado argentino en territorio norteamericano.
En su fallo, Cobb explicó que en los últimos 21 meses la Argentina no realizó ningún intento de cumplir con una orden judicial.
"¿Por qué es importante este fallo?", se preguntó Sebastián Maril, un especialista que sigue de cerca los litigios contra la Argentina en la justicia norteamericana, y respondió: "Está relacionado con la expropiación de Aerolíneas Argentinas. A partir del lunes 28 de Septiembre, Titan puede presentar pedidos de embargo en EE.UU. Por el momento, el caso aparece registrado en dos jurisdicciones: Nueva York y Washington. Esto no implica que los pedidos de embargo sean presentados en estos distritos. Argentina debe USD 390 millones más intereses".
Maril explicó que un fallo del Ciadi sin reconocimiento de la justicia de EEUU no es ejecutable. Por eso importa tanto el fallo de la jueza Cobb: a partir de ahora Titan Consortium sí puede iniciar ese procedimiento. "Qué activos pueden embargar?, planteó Maril, y como sugiriendo respuesta recordó que el caso está relacionado con la expropiación de Aerolíneas Argentinas.
"La dejo picando", escribió, apuntando a la posibilidad de que los demandantes intenten nuevamente el recurso al embargo de naves de la aerolínea de bandera.
En noviembre de 2024 habían llegado a un principio de acuerdo para zanjar la disputa que finalmente no habría prosperado.
Maril explicó que el caso Titan, cuya registración ya fue aprobada, no es el único, Cita otros.
Uno es el caso Webuild, por contratos de infraestructura incumplidos, que también recurrió al Ciadi y "ya tiene aprobación para ser registrado en la justicia norteamericana. USD 127 millones".
Otro es Saur International, que también recurrió al Ciadi con el mismo argumento (contratos de infraestructura incumplidos) y procura aprobación para ser registrado en la justicia norteamericana, por USD 72 millones.
Un tercer reclamo es de Palladian Partners, por los Cupones PBI en Euros (Inglaterra), busca aprobación para ser registrado en la justicia norteamericana, por una suma muy considerable: USD 1.800 millones.
"Hay otros. Estos son fallos finales y no apelables que Argentina no está pagando", destacó Maril, quien precisó que en el articulo 49 del Presupuesto 2027 el gobierno incluyó USD 1.100 millones "solo para casos Ciadi".
El reclamo de Titan se fortaleció tras un laudo a favor que tuvo en 2017 en el Ciadi, que se inició con una demanda del grupo español Marsans, controlante de Aerolíneas y Austral cuando el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner procedió con la expropiación, en el año 2008, el mismo en que también inició la "argentinización" de YPF, que cuatro años después, en 2012, decidió expropiar.
Marsans transfirió su derecho a litigar al fondo Burford Capital, el estudio de abogados británico que se presenta como un "financiador de litigios", práctica que en buena medida lo equipara con un fondo buitre, y luego pasó a Titan Consortium, que desde 2021 intenta ante las cortes de EEUU que la Argentina le pague.
En 2019 la Argentina había intentado invalidar el fallo del Ciadi, pero el tribunal rechazó esa pretensión. Y cinco años después, en 2024, Titan logró que la justicia norteamericana reconociera la sentencia y le ordenara al país pagar US$390,9 millones mas intereses. En 2025 la República Argentina apeló esa decisión invocando un plazo de prescripción de tres años, pero hace poco más de dos meses, el 21 de julio, la Corte de Apelaciones de EEUU del Circuito del Distrito de Columbia afirmó que el plazo de prescripción aplicable es de doce y fijó el monto final ejecutable a favor de Titan Consortium en USD 390,9 millones.
El propio Maril recuerda además que el 16 de septiembre pasado Burford Capital, el estudio inglés que había logrado un fallo a su favor de la jueza Loretta Preska por USD 16.000 millones en la demanda por la expropiación de YPF, luego invalidado por la Cámara de Apelaciones de Nueva York, llevó su reclamo al Ciadi, aunque -aclaró- "no se deben esperar movimientos constantes y públicos, como sí ocurría en Nueva York". Además, dijo, "esperamos la presentación (de Burford, por el caso YPF) ante la Corte Suprema antes que culmine el mes.
