La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal despejó el último obstáculo procesal y habilitó el avance a juicio oral de una causa por lavado de activos provenientes del narcotráfico que involucra a integrantes de la familia Blanco Di Sipio y a otras personas vinculadas al clan. El tribunal rechazó nueve quejas interpuestas por las defensas y ordenó que la responsabilidad penal de los imputados sea definida en un debate oral y público.
La causa tiene su origen en 2017, cuando la Unidad de Información Financiera (UIF) detectó movimientos patrimoniales sospechosos y emitió un reporte a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). A partir de ese aviso, la justicia federal de Morón abrió en 2018 un expediente que quedó a cargo del juez Néstor Barral y los fiscales Sebastián Basso y Santiago Marquevich.
Tras un año de escuchas telefónicas y análisis de pruebas con intervención de la Policía Federal, los investigadores reconstruyeron lo que describieron como un entramado de operaciones patrimoniales, societarias, comerciales y financieras destinadas a dar apariencia lícita a fondos provenientes del tráfico de cocaína a escala internacional. La maniobra se habría desarrollado principalmente en la Provincia de Buenos Aires, aunque sus ramificaciones alcanzaron a España e Italia.
Norberto Fernando Blanco y su esposa Lilia Di Sipio encabezaban una familia radicada en el oeste del conurbano bonaerense —principalmente en Ramos Mejía y Haedo— con décadas de antecedentes en el tráfico de estupefacientes. Uno de los primeros registros judiciales data de 2002, cuando el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.° 2 de San Martín condenó al hijo mayor del clan, Rodrigo Blanco Di Sipio, a 12 años de prisión por comercio de estupefacientes agravado. Norberto también acumuló condenas: el mismo año recibió cinco años por almacenamiento de estupefacientes.
La fortuna del clan creció de forma notoria durante la última década, al punto de llamar la atención de la UIF. Autos y motos de alta gama, departamentos en Puerto Madero, propiedades en countries de Tigre y San Fernando, un chalet en Pinamar, estaciones de servicio y hasta panaderías boutique en Palermo y Tigre —bautizadas con su apellido— conformaron un patrimonio que las autoridades rastrean como producto de operaciones ilícitas. Muchos de esos bienes fueron rubricados con una gran letra "W" (por "White", traducción al inglés del apellido Blanco).
Mientras las escuchas seguían su curso, los investigadores descubrieron además que los encargados de algunas estaciones de servicio del grupo adulteraban combustibles, lo que abrió un segundo expediente paralelo e interrelacionado.
Uno de los eslabones clave de la red internacional fue Diego Alejandro Di Sipio, primo de Gonzalo y Rodrigo, señalado como nexo con el tráfico de cocaína en España e Italia. En 2008 fue detenido en Haedo a pedido de la Fiscalía Antimafia de Trento, acusado de integrar una banda que enviaba droga a Italia en asociación con la 'Ndrangheta, la mafia calabresa. En 2015, la justicia española lo procesó junto a sus hermanos Fabián, Sergio y Gustavo por una actividad delictiva vinculada al tráfico de drogas entre España, Italia y Argentina durante la primera década de los 2000.
El vínculo con la causa argentina también alcanzó al circuito financiero local: en 2013, el nombre de Gonzalo Blanco Di Sipio apareció mencionado en la investigación conocida como la "Ruta del Dinero K", luego de que trascendiera la compraventa de un departamento ubicado en la Avenida del Libertador 13.455, en Martínez.
En diciembre de 2019, la Policía Federal llevó adelante 38 allanamientos simultáneos en la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires. El saldo fue de 12 detenidos —cuatro de ellos integrantes directos del clan— y el decomiso de vehículos de alta gama: tres Mercedes-Benz, un Ford Mustang, un Chevrolet Corvette, una VW Amarok, un Jeep Wrangler y un Fiat 600 antiguo, además de motocicletas BMW, Harley Davidson, Kawasaki, Honda y Yamaha. También se incautaron más de 3 millones de pesos y alrededor de USD 37.000 en efectivo.
Entre los arrestados figuraron Gonzalo, el hijo menor de Norberto y Lilia, quien había tenido un paso por el automovilismo en el TC Pista Mouras; la propia Lilia; Paola Alejandra Pérez, viuda de Rodrigo; y Diego Di Sipio. Norberto Blanco, que también estaba en la mira del juez Barral, había fallecido en enero de ese año, a los 77 años.
Desde el inicio de la causa, las defensas promovieron planteos relacionados con los procesamientos, la prescripción de la acción penal, la validez de actos procesales, nulidades y excepciones que buscaban frenar las actuaciones. Esas incidencias motivaron la intervención sucesiva de la Cámara Federal de San Martín, la Cámara Federal de Casación Penal y la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Al resolver las nueve quejas más recientes, la Sala III sostuvo que las decisiones cuestionadas no constituían sentencia definitiva ni resultaban equiparables a ella, dado que no se había demostrado un gravamen de imposible reparación ulterior. Con ese fundamento, desestimó los recursos y dispuso que la causa avance a la realización del debate oral y público.
