El recinto del Senado volverá a activarse en las próximas horas para que el pleno trate un proyecto que sería modificado y otro que genera tensión, pero que igual se intentará sancionar: la Cámara alta buscará retocar la ley que reforma la Carta Orgánica Banco Central ya aprobada por Diputados, por lo que regresaría allí en segunda revisión, e intentará dar luz verde al recorte de subsidios para las denominadas "zonas frías".
La sesión fue convocada para el mediodía y, como el segundo tema está "atado con alambres" -así reconocen libertarios y un sector no menor de la oposición, más las clásicas operaciones de voceros extra oficiales-, será importante sumar el quorum para iniciar el encuentro. Más aún, mantenerlo una vez consumada la discusión sobre el Banco Central. La Cámara alta ya dio algunas sorpresas este año y no puede perderse de vista eso.
Para el primer texto, en el Senado advirtieron los severos errores que generó Diputados, integrada por 257 parlamentarios. "Resulta que, para cambiar esta misma ley, precisarías menos votos que los 2/3 que metieron de ambas Cámaras para remover a un director. Delirante que haya pasado los filtros técnicos y políticos de allá", reconoció ayer a Infobae un jefe de bloque.
En caso de activarse la discusión en el recinto, con seguridad habrá legisladores que reclamarán, siempre con la cobertura de un falso "federalismo", lugares para el interior del país en la mesa central de toma de decisiones. No pareció tener asidero esta postura, aunque nadie asegura el articulado final del texto. Lejos de lo ideal, aunque lo posible para un Gobierno que continúa en fricciones con sus potenciales aliados. Antes de todo esto, habría -de nuevo- un denso sector de cuestiones de privilegio que suele estar injustificado o, incluso, que se piden por cualquier cosa.
El proyecto apunta a garantizar la independencia del mismo a partir de la prohibición explícita del financiamiento directo o indirecto del Tesoro. Así, la entidad monetaria no podrá hacer más adelantos transitorios, una herramienta crucial utilizada para cubrir con emisión monetaria el déficit fiscal de las distintas administraciones centrales. Tampoco comprar de forma directa títulos públicos en el mercado primario.
La iniciativa impulsada desde Balcarce 50 da marcha atrás con la reforma de la Carta Orgánica que había hecho el cristinismo, en 2012, cuando se ampliaron los mandatos de la institución y se incluyeron cuatro nuevos objetivos: promover la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social. Si el Gobierno lograra la sanción en la Cámara alta, el único fin será preservar el valor de la moneda.
Por otro lado, se prohíbe la transferencia al Tesoro de ganancias contables o por diferencia de cambio. Los resultados del BCRA deberán destinarse de forma prioritaria a absorber pérdidas acumuladas, recomponer el patrimonio o cancelar deuda pública. Además, dispone la eliminación de instrumentos de deuda como las Letras Intransferibles y se actualizan las reglas relativas a la administración y resguardo de las reservas internacionales.
Entre las modificaciones también se destacaba una variación en los mecanismos para remover al presidente de la entidad y a los integrantes del directorio, para lo cual se necesitará acreditar una "causal grave" y la aprobación con mayoría de dos tercios en el Senado y Diputados. Esto último es lo que decidieron repensar ayer en Labor Parlamentaria y, por ende, la iniciativa regresaría en segunda revisión a la Cámara baja, que podrá insistir con la versión original o aceptar las observaciones.
Bajo este escenario, será clave si el texto consiguiera hoy, con la nueva idea, los dos tercios a la hora de ser aprobado, ya que quedaría bastante blindada la dicha opción. En resumen: se quitarán los 2/3 para la remoción de autoridades por ambas Cámaras, para que reste la mayoría absoluta sólo en la alta -hoy es simple- y no intervendrá Diputados. Un detalle que, según la época, pareció desapercibido: la ley consagra condonaciones multimillonarias a compañías nacionales y provinciales -lupa hacia gobernadores- por deudas en compra energía, con todo el contexto y consecuencias a considerar.
Otro ítem a contemplar y a reformular por el pleno en las próximas horas: cada pliego que se envíe de una autoridad del Central -designado en comisión- tendrá vigencia de un período legislativo, tal como ocurre cuando se envía una propuesta para la Corte Suprema. Con ello, se estimulará el tratamiento de los mismos en comisión y en el recinto de la Cámara alta.
La extensa -y ahora criticada- ampliación que empujó el kirchnerismo, durante la gestión de Alberto Fernández, se retrotraería y sólo quedaría vigente por cuestiones sociales y de ingresos. Por caso, que una familia no sobrepase las tres canastas básicas, poco más de $4,5 millones. Mismo sentido para personas con discapacidad y veteranos de Malvinas.
Los beneficios sí se sostienen para las zonas originales -Patagonia, Malargüe y la Puna-, con un sistema distinto que implicará aumentos, ya sean de este grupo o el anterior: el subsidio se aplicará sobre la generación de gas y no sobre la distribución, que se lleva la porción más grande del costo final en una factura. La gran incógnita es cómo impactará esto el próximo invierno, en medio de una segura salvaje campaña electoral en Nación y provincias.
Desde la Cámara alta y, luego de meses de idas y vueltas, el cierre de las voluntades para sacar la ley quedó en manos del jefe de Gabinete, Diego Santilli. La Casa Rosada anunció desde junio y en decenas de ocasiones sobre votos que, en realidad, nunca estaban confirmados.
El otro punto importante es que, para que avanzara en Diputados, el Ejecutivo se comprometió ante algunos gobernadores norteños incorporar -promesa a futuro que genera temor- "zonas cálidas" y subsidios en electricidad para ciertos distritos. Sumado al articulado original, esto quiebra la unidad de las bancadas más numerosas, lo cual lleva a colegas en guerra por esta cuestión y pocas ganas de exponerse en el recinto.
