A través de un comunicado que intenta hacer prevalecer su soberanía sobre las Islas Malvinas, el Reino Unido le respondió al duro discurso que pronunció Javier Milei en Nueva York ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el que criticó al organismo por "mirar para otro lado" ante el reclamo argentino, al que calificó como "una causa nacional". Asimismo, los británicos afirmaron tener el derecho de explotar los recursos naturales del territorio en disputa.
"El Reino Unido no tiene ninguna duda sobre su soberanía sobre las Islas Malvinas y Georgia del Sur y las Islas Sandwich del Sur, y las zonas marítimas circundantes de ambos territorios", comienza el hilo de respuestas al jefe de Estado dentro del texto, en el que a las Malvinas se las menciona como Falkland.
Asimismo, en el texto compartido a través de una cuenta de redes sociales de los representantes británicos ante la ONU, el Reino Unido sostiene "firmemente su apoyo al derecho de autodeterminación de los isleños".
"Este derecho se establece en la Carta de las Naciones Unidas y está consagrado en el artículo 1 de los dos Pactos de las Naciones Unidas sobre derechos humanos. Los isleños tienen tanto derecho a determinar su condición política y a procurar libremente su desarrollo económico, social y cultural como cualquier otro pueblo", resaltaron.
Si bien tomaron nota de que "Argentina se refiere regularmente a resoluciones de las Naciones Unidas y a declaraciones diplomáticas regionales que exhortan a celebrar negociaciones sobre la soberanía de las Islas", advirtieron que "estas no modifican ni diluyen la obligación de las naciones de respetar el derecho jurídicamente vinculante de autodeterminación".
"La relación del Reino Unido con las Islas Malvinas y todos sus Territorios de Ultramar es moderna y se basa en la asociación, los valores compartidos y el derecho de los habitantes de cada territorio a determinar su propio futuro. Argentina sigue negando que este derecho humano fundamental se aplique a los habitantes de las Islas Malvinas y busca activamente oportunidades en foros internacionales para hacer valer su reivindicación de soberanía. Este comportamiento es totalmente incompatible con los principios establecidos en la Carta de las Naciones Unidas y no es el comportamiento que esperamos de una democracia", acusaron en el documento.
La publicación recuerda que "en 2013, los isleños celebraron un referéndum sobre el futuro de las Islas". "El resultado del referéndum fue que, con una participación del 92%, el 99,8% votó por mantener el estatus actual de las Islas como territorio autónomo del Reino Unido. El referéndum fue supervisado por observadores independientes de Canadá, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Uruguay, Chile y Brasil", resaltaron.
"Los isleños han dejado claro su deseo abrumador de que las Islas Malvinas sigan siendo un Territorio de Ultramar del Reino Unido. No puede haber diálogo sobre soberanía a menos que los isleños de las Malvinas así lo deseen", indicaron.
Es en ese contexto y tras esa introducción que aparece en el comunicado el tema específico de la explotación de los recursos naturales de las Islas Malvinas.
"El Gobierno del Reino Unido apoya sistemáticamente el derecho de los isleños a desarrollar sus recursos naturales. Esto es una parte integral de su derecho de autodeterminación. El desarrollo de los recursos de hidrocarburos de las Islas Malvinas es una actividad comercial legítima regulada por la legislación del Gobierno de las Islas, en estricta conformidad con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. La legislación interna argentina no se aplica a las Islas Malvinas", manifestaron.
Según el documento, "la Resolución 2065 de la Asamblea General de las Naciones Unidas no prohíbe el desarrollo económico ni desplaza el derecho de autodeterminación de los isleños. Asimismo, la Resolución 31/49 no limita ni elimina los derechos de los isleños a determinar libremente su condición política y a procurar libremente su desarrollo económico, social y cultural".
"Los esfuerzos continuos para obstaculizar y hostigar a las empresas internacionales involucradas en los hidrocarburos de las Islas Malvinas, y de hecho en otras industrias de las Islas Malvinas, constituyen un intento totalmente inaceptable de ejercer jurisdicción extraterritorial y no tienen justificación alguna en el derecho internacional. Además, obstaculizan los negocios globales y son incompatibles con el libre comercio", concluye el comunicado.
