Jueves 31 de Octubre de 2024

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01/08/2024

Organizaciones de Derechos Humanos condenaron en conjunto las acciones represivas del régimen de Nicolás Maduro

Fuente: telam

Amnistía Internacional, la Comisión Internacional de Juristas, Freedom House y la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos, entre otras, publicaron un contundente comunicado tras el fraude electoral en Venezuela y la criminalización de las protestas

>Las organizaciones Amnistía Internacional, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), CIVICUS, la Comisión Internacional de Juristas, Freedom House, Global Centre for the Responsibility to Protect, la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y Robert F. Kennedy Human Rights publicaron un comunicado conjunto en el que condenaron las acciones represivas del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela y le exigieron garantizar el derecho a la protesta y el respeto pleno a los derechos a la vida, la integridad personal y la libertad.

Y siguió: “Las protestas en Venezuela se dan en un contexto posterior a las elecciones presidenciales que se celebraron el pasado domingo 28 de julio de 2024 y cuya transparencia ha sido altamente cuestionada por la comunidad internacional. El Centro Carter, una de las dos misiones de observación técnica internacional invitada y acreditadas por el propio Consejo Nacional Electoral de Venezuela, declaró que ‘la elección presidencial de 2024 en Venezuela no cumplió con los estándares internacionales de integridad electoral y no puede ser considerada democrática’”.

En ese sentido, las ONGs firmantes recordaron que, tras la celebración de los comicios y hasta la publicación del presente comunicado, “organizaciones nacionales han registrado al menos 11 personas fallecidas y han identificado el uso de armamento letal por supuestos civiles armados vinculados con las fuerzas de seguridad y posible fuerza pública. Las organizaciones firmantes condenan el uso de este armamento y recuerdan que en ningún caso la fuerza letal puede ser utilizada para el control de manifestaciones. Según estándares internacionales, la privación del derecho a la vida en el contexto del uso de la fuerza por parte del Estado sería arbitraria y, en algunos casos, una ejecución extrajudicial. Estos hechos deben ser investigados de manera pronta, independiente e imparcial y con la diligencia debida”, exigieron.

En otro pasaje del fuerte escrito, las organizaciones enfatizaron en que el contexto preelectoral y postelectoral en Venezuela ha estado marcado por represión y múltiples violaciones a los derechos humanos, incluyendo un grave patrón de detenciones por razones políticas, muertes potencialmente ilícitas, restricciones a la libertad de prensa y cortes de internet. “Nos preocupa particularmente las cientas de detenciones arbitrarias posteriores al 28 de julio, documentadas por las organizaciones nacionales, quienes continúan recibiendo información de nuevos casos y llevan a cabo esta labor de documentación en un contexto sumamente adverso”, indicaron.

“Recordamos que el Estado de Venezuela está obligado, según el artículo 68 de su Constitución y el derecho internacional, a respetar y proteger, sin discriminación alguna, los derechos de todas las personas manifestantes, así como de los observadores de protestas, transeúntes y periodistas. El uso de la fuerza constituye una violación de esta obligación si no se ajusta a las normas internacionales incluyendo los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad, precaución, no discriminación y rendición de cuentas. Las autoridades en Venezuela tienen la obligación de desescalar la conflictividad, hacer uso de medios no violentos, utilizar la fuerza de manera progresiva y diferenciada, y respetar el derecho a la participación política a través del proceso electoral”, agregaron.

Luego dedicaron un párrafo a las interrupciones de internet en el país petrolero por parte del régimen. “Tomando en cuenta los cortes de internet documentados en el contexto electoral, recordamos que el acceso a internet está íntimamente relacionado con el derecho a la protesta pues permite denunciar abusos, comunicarse en tiempo real y organizarse de manera pacífica. Los bloqueos de internet afectan la libertad de expresión y el acceso a la información, esenciales para la democracia y el pluralismo. Las restricciones al acceso a internet durante contextos de protesta son comúnmente utilizados como una forma de represión y control para limitar la capacidad de la población de movilizarse y ejercer sus derechos libremente dentro y fuera del espacio digital”, detallaron.

Por último, hicieron un llamado a la comunidad internacional a exigir el respeto a los derechos civiles y políticos de las personas en Venezuela. “Invitamos además a los mecanismos de justicia internacional a mantenerse alerta ante posibles graves violaciones de derechos humanos en el marco de las protestas que se desarrollan desde el 28 de julio y a incluir la documentación de dichos crímenes internacionales en los mecanismos de justicia internacional en curso como la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU o la Corte Penal Internacional”, concluyeron.

Fuente: telam

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