Los nuevos magistrados del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°7 de San Isidro optaron por suspender su primera audiencia, prevista para abordar si las nulidades del juicio técnico por la muerte de Diego Maradona afectan al debate por jurados populares, en el que la enfermera Dahiana Madrid es la única acusada. Esta decisión se tomó tras una acalorada discusión entre los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón, así como con los abogados defensores, y se resolvió reanudar el proceso el próximo 5 de agosto, luego de la feria judicial.

La sesión, realizada este viernes en la Sala de Audiencias de la Cámara Departamental de San Isidro, tenía por objeto formalizar la integración del nuevo tribunal y analizar los efectos expansivos de las nulidades decretadas previamente. Sin embargo, la jornada inició con un conflicto entre Gaig y los abogados Julio Rivas y Francisco Oneto, representantes del neurocirujano Luis Luque, quienes cuestionaron que la reunión fue programada antes de cumplirse el plazo reglamentario de 10 días hábiles para que Rolón, el último juez nombrado, aceptara o se excusara del caso. Ante esto, solicitaron la suspensión de la audiencia, lo cual fue rechazado por Gaig.

El rechazo del presidente del tribunal desencadenó un intercambio tenso, durante el cual Oneto calificó a Gaig como "monarca". Los intentos de intervención de los jueces Ortolani y Rolón no lograron calmar el ambiente y, por el contrario, intensificaron el conflicto. En medio de esta situación, Gaig restringió las intervenciones de sus colegas al afirmar que él dirigía la audiencia. Finalmente, se ordenó un cuarto intermedio y, tras deliberar, se anunció la postergación del encuentro hasta después de la feria judicial.

Más allá de estos desacuerdos, la audiencia buscaba también evaluar el pedido de juicio por jurados populares realizado por la defensa de Luque. Este mecanismo fue propuesto con el objetivo de garantizar el derecho a la defensa, mejorar la transparencia del proceso y evitar dilaciones innecesarias derivadas de planteos escritos. En este contexto, estaban citados los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, junto a los abogados que representan a las ocho personas imputadas por "homicidio simple con dolo eventual", un delito con penas que van de ocho a 25 años.

El caso enfrenta la incertidumbre generada por una nulidad previa: el pasado 29 de mayo, el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 declaró nulo el juicio técnico iniciado el 11 de marzo debido a irregularidades cometidas por Julieta Makintach, quien autorizó la grabación de un documental dentro de la sala. La suspensión del debate contra Madrid quedó condicionada a clarificar si esta nulidad inicial afecta también al proceso por jurados populares.fuente continental

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